Compras en el gobierno de Piñera: desafíos para Boric

José Mora

Los últimos cuatro años de gobierno estuvieron marcados principalmente por el estallido social y por la emergencia sanitaria. Ambos eventos cambiaron radicalmente la agenda pública.

En el caso del estallido social, hubo adquisiciones polémicas como los nuevos carros lanza-gases de Fuerzas Especiales, o los cinco millones de dólares para blindados de Carabineros de Chile. Estas compras, al considerarse de seguridad nacional, no pasaron por el portal de compras públicas, teniendo, por ende, un bajo nivel de transparencia.

Por otro lado, en el caso de las compras asociadas al Covid-19, también hubo una serie de polémicas, entre ellas las residencias sanitarias, Espacio Riesco y otras. Esto no implica que haya habido irregularidades a priori, sino que al menos hubo ineficiencias en algunas de esas contrataciones, esto asociado a razones como la premura de la situación y debilidades tanto normativas como de uso de la plataforma de Mercado Público.

Más allá de estas eventualidades, vale la pena analizar los patrones de compra de los últimos tres gobiernos en términos de los montos transados. En el caso de los gobiernos de Piñera, la licitación pública tiene mayor importancia que en el gobierno de Bachelet 2. Asimismo, los tratos directos también tienen mayor importancia en los gobiernos de Piñera que en el segundo gobierno de Bachelet, esto contrasta con que en el gobierno de Bachelet el convenio marco tiene mucho mayor preponderancia que con Piñera.

De todas formas, durante estos cuatro años se hicieron esfuerzos para mejorar estos aspectos, como la creación de una modalidad más transparente de adjudicación directa como la compra ágil. También el proyecto de modificación a la ley de compras enviadas durante 2021 por el ejecutivo, que incorpora cambios en términos de calidad de información, así como el aumento de la misma, creando un registro de beneficiarios finales de empresas proveedoras del Estado. Sobre este último punto el Gobierno no mostró voluntad en avanzar en un registro de beneficiarios finales total, de hecho, en la formulación del presupuesto 2021, bloqueó una iniciativa que aspiraba impulsarlo. Sin embargo, en la ley de presupuestos de este año, sí se logró incorporar.

Respecto de la tramitación del proyecto mencionado, este recibió críticas de diversos actores de la sociedad, las cuales fueron presentadas a la comisión de hacienda del Senado. Algunas de ellas son: la excepciones que hace la ley respecto de la utilización opcional de plataforma Mercado Público por parte de algunos Servicios Públicos, la excepción de exigir el registro de beneficiarios finales de sus proveedores y la no eliminación de justificaciones de trato directo, que dan un enorme espacio a las discrecionalidad.

Esperamos que el nuevo Gobierno tome algunas de estas iniciativas e incluso genere nuevas acciones en pro de un mejor proceso de compras públicas.